contra los derechos humanos
perpetrados tras el golpe
Amnistía Internacional ha acusado a
las autoridades hondureñas de no abordar las graves violaciones de derechos
humanos que se produjeron tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009,
cuando el ex presidente Manuel Zelaya fue derrocado.
Los miembros del ejército y la
policía responsables de detenciones masivas, palizas y torturas tras el golpe no
han sido puestos a disposición judicial tras la llegada al cargo en enero del
nuevo presidente, Porfirio Lobo. Mientras, la muerte de siete periodistas en los
últimos tres meses ha incrementado la preocupación por la libertad de expresión.
“El presidente Lobo se ha
comprometido públicamente con los derechos humanos, pero no ha tomado medidas
para protegerlos, lo cual es inaceptable. El señor Lobo debe demostrar que se
toma en serio la tarea de terminar con el clima de represión y de inseguridad
reinante en Honduras, pues de lo contrario la futura estabilidad del país
seguirá amenazada”, ha dicho Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa
Regional para América de Amnistía Internacional.
El presidente Lobo fue elegido en noviembre del
año pasado, en medio de una crisis política en la que políticos apoyados por el
ejército derrocaron al presidente Zelaya.
En las protestas que estallaron
durante los meses siguientes, cientos de personas que se oponían al golpe fueron
golpeadas y detenidas por las fuerzas de seguridad y, según los informes, más de
10 personas murieron. Además, con frecuencia la policía y el ejército hicieron
un uso inadecuado del gas lacrimógeno y demás material antidisturbios.
Hubo amenazas e intimidaciones de
activistas de derechos humanos, líderes de la oposición y jueces, se cerraron
medios de comunicación y se censuró a los periodistas. También hubo informes de
actos de violencia sexual perpetrados por personal de las fuerzas de seguridad
contra mujeres y niñas.
Los jueces considerados críticos
respecto al golpe sufrieron una serie de traslados arbitrarios y procedimientos
disciplinarios injustos. La gran mayoría de los jueces afectados eran miembros
de la Asociación de Jueces para la Democracia, que promueve principios de
equidad y transparencia.
Nadie ha rendido aún cuentas por
estos abusos y se han abierto muy pocas investigaciones. Las víctimas siguen
esperando justicia y reparación por los abusos sufridos.
"Lamentablemente, el hecho es que no
se ha proporcionado reparación a las numerosas víctimas que sufrieron graves
abusos de manos de la policía y el ejército durante el tiempo que el gobierno de
facto estuvo en el poder”, ha dicho Guadalupe Marengo.
“Estas graves violaciones de
derechos humanos no deben ser olvidadas ni quedar impunes. Las víctimas tienen
derecho a la justicia, la verdad y la reparación.”
Para Amnistía Internacional también
es motivo de grave preocupación el aumento del número de agresiones a
periodistas desde la llegada al poder del nuevo gobierno. Desde marzo de 2010
han muerto siete periodistas, y muchos otros han sufrido amenazas y
hostigamiento.
Mientras, cuatro jueces fueron
retirados de sus cargos el 1 de junio de 2010, al parecer por criticar el golpe
de Estado, una decisión que socava gravemente el sistema de justicia.
El gobierno hondureño creó en abril
una Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero a Amnistía Internacional le
preocupa mucho que su mandato se limite sólo a determinar los factores que
contribuyeron a la crisis. Este tipo de comisiones deben formar parte de planes
nacionales integrales elaborados para proteger los derechos de las víctimas de
violaciones de derechos humanos. Además, el gobierno debe garantizar la
investigación, la justicia y la reparación para las víctimas.
“Tras el golpe de Estado, Honduras
necesitaba un programa de reconstrucción de los derechos humanos que tuviera
objetivos y plazos claros, pero la Comisión carece de un mandato adecuado para
ello y tampoco tiene capacidad para investigar los abusos”, ha dicho Guadalupe
Marengo.
"Las investigaciones que hemos
realizado demuestran que, cuando no se toman las medidas suficientes para
garantizar la justicia y la verdad, las heridas no cicatrizan y el ciclo de
violencia y disturbios continúa.”
Información complementaria
El presidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales fue
derrocado el 28 de junio de 2009 y expulsado del país por un grupo de políticos
apoyados por el ejército y encabezados por Roberto Micheletti, ex presidente del
Congreso.
Según decenas de testimonios
recogidos por los investigadores de Amnistía Internacional en Honduras durante
dos visitas al país, tras el golpe se dispararon los abusos contra los derechos
humanos.
El gobierno de facto encabezado por
Micheletti permaneció en el poder hasta el final de 2009. El 27 de enero de 2010
tomó posesión un nuevo gobierno bajo la presidencia de Porfirio Lobo. Ese mismo
día, Amnistía Internacional presentó un informe titulado Honduras:
Recomendaciones al nuevo gobierno de honduras tras el golpe de Estado de junio
de 2009, en el que se documentan las violaciones perpetradas durante el golpe de
Estado.
Desde que el nuevo gobierno llegó al
poder, Amnistía Internacional ha seguido instándole a que aborde las violaciones
de derechos humanos perpetradas tras el golpe, al igual que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
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